Cuando el 1º. de agosto se vencieron los poderes habilitantes otorgados al Presidente de la República, Hugo Chávez, por la Asamblea Nacional, nadie conocía de la aprobación de 26 leyes firmadas en horas de la madrugada del día anterior. Fue con la promulgación en Gaceta Oficial número 38.984 que los venezolanos se enteraron del paquete de decretos.

A pesar de que el mandatario nacional aseguró que los textos legales fueron consultados y discutidos, pocas son las personas que conocen el contenido de ellos y muchos quienes levantaron la voz de protesta.

El sector opositor venezolano acusa al ejecutivo nacional de introducir, a través de estas nuevas leyes, artículos rechazados por la población el pasado 2 de diciembre, fecha en la que se realizó un referéndum consultivo con miras a modificar la Constitución y en la que cerca de cuatro millones y medio de habitantes se manifestó en contra votando “No”.

Un total de 66 leyes se aprobaron durante el lapso de año y medio, tiempo durante el cual la Asamblea Nacional facultó al Presidente de la República para dictar decretos con rango de ley. Entre las leyes de aprobación previa se encuentran: La ley de Contrataciones y la de Reconversión Monetaria, también fue aprobada para su posterior derogación la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia conocida como “Ley Sapo”.

Leyes polémicas
De las 26 leyes aprobadas por el Ejecutivo, 23 son cambios de forma y fondo de normativas ya existentes, y tres son nuevas. Estas son: la ley de creación del fondo social para la captación y disposición de los recursos excedentarios de los entes de la administración pública nacional, la ley para el fomento y desarrollo de la economía popular y la ley de reforma de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público.

Los principales oponentes al llamado “paquete” argumentan que 14 de las leyes salidas a la luz pública el pasado viernes 1º de agosto estaban contenidas en la reforma a la Constitución propuesta por el Presidente y la Asamblea Nacional en 2007.

Así, la ley Orgánica de la Administración Pública recoge la propuesta de modificación del artículo 16 de la Constitución mediante el cual se facultaba al Jefe de Estado a escoger vicepresidentes regionales. En la nueva ley se autoriza al primer mandatario a designar autoridades cuya función sería la planificación y ejecución de políticas de ordenación y desarrollo del territorio.
Otra de las leyes que ha causado controversia es la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la que se incluye a la Milicia Nacional Bolivariana como quinto componente de defensa de la Nación.

El Estado venezolano será, a partir de ahora, el encargado de gestionar la política nacional ferroviaria luego de haber eliminado el carácter de autónomo del Instituto de Ferrocarriles. Así como determinar, de la mano con los consejos comunales, el consumo de alimentos por región.
Esta misma ley establece en su artículo número tres que el Ejecutivo Nacional “cuando existan motivos de seguridad agroalimentaria podrá decretar la adquisición forzosa, mediante justa indemnización y pago oportuno, de la totalidad de un bien o de varios bienes necesarios para la ejecución de obras o el desarrollo de actividades de producción, intercambio, distribución y almacenamiento de alimentos”.

Lo que viene
A pesar del revuelo que ha causado la promulgación de las 26 leyes, el vicepresidente de la República, Ramón Carrizales, informó en días pasados que intentarán aprobar, a través del Parlamento, 16 leyes que quedaron “por fuera” del último decreto presidencial.

Entre las leyes que serán llevadas al Poder Legislativo se encuentran: La ley sobre Conflicto de Intereses, ley de Armas y Explosivos, ley de Asociaciones Cooperativas, ley Orgánica del Sistema Financiero Público, ley del Banco Central de Venezuela, ley de Actividad Aseguradora, ley de Desarrollo Industrial, ley General de Puertos, ley de Marina Mercante, ley para el Control de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles; ley de la Inversión Hipotecaria; leyes de Salud, Educación y Seguridad de la Fuerza Armada; y la ley de Ordenamiento y Desarrollo del Territorio.

Esta última ya cuenta con la aprobación de la Sala Constitucional, ente que determinó días atrás que el artículo 128 de la Carta Magna establece la necesidad de una Ley Orgánica que desarrolle los principios y criterios para el ordenamiento regional. Esta ley fue una de las que presentó mayor rechazo por parte de la población en diciembre de 2007 porque establecía la sustitución del régimen de propiedad privada por un modelo de propiedad colectiva y social.

Julio Borges
Para el coordinador nacional de Primero Justicia, con las 26 leyes aprobadas a “última hora” se busca controlar más a la población. Borges catalogó de burla hacia los ciudadanos la aparición en gaceta oficial de los documentos legales y dijo que los afectados son todos los venezolanos sin distingo político alguno. Al mismo tiempo el dirigente político instó a los venezolanos a hacerle saber al Ejecutivo su descontento con esas normas tal y como se le hiciese ver con la llamada “Ley Sapo”.

Luis Ignacio Planas
Según el Secretario General de Copei las leyes aprobadas debieron ser consultadas con los diversos sectores que se encuentran involucrados en ellas. Planas cuestionó que las leyes se hayan aprobado en la madrugada e instó a la Asamblea Nacional a hacer parlamentarismo de calle. Para Planas las nuevas normas no son conocidas por los venezolanos, por lo cual considera que deben movilizarse para demostrar que no se está de acuerdo “con estas prácticas”.

Elías Jaua
El ministro para Agricultura y Tierras aseguró que todas las leyes aprobadas por el Presidente de la República están dentro del marco de la Constitución y que éstas “recogen las aspiraciones” de los diversos sectores de la sociedad. El titular del despacho instó a los empresarios a leer e interpretar los textos legales aprobados que tienen que ver con ellos y aseguró que: "Ninguna de estas leyes desconoce la existencia del sector privado y su derecho a intercambiar los productos que producen".

Hugo Chávez
Para el Presidente de la República las 26 leyes firmadas por él constituyen fundamentos que favorecerán al pueblo. En el acto de clausura del II Curso de Comando y Estado Mayor Conjunto, el mandatario nacional se defendió de las acusaciones de “dictador” que le han hecho algunos sectores y dijo que los tiranos no gobiernan a través de leyes. Además de ello Chávez defendió el instrumento legal que declara a las Fuerzas Armadas Nacionales como Bolivarianas.

LISTA DE LEYES

1. Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
2. Ley Orgánica de Turismo
3. Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos
4. Ley de Transporte Ferroviario Nacional
5. Ley de Canalización y Mantenimiento de la Vías de Navegación
6. Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria
7. Ley de Salud Agrícola Integral
8. Ley de Crédito para el Sector Agrario
9. Ley del Banco Agrícola
10. Ley de Beneficios y Facilidades de Pago para las Deudas Agrícolas y Rubros Estratégicos para la Seguridad y Soberanía Alimentaria
11. Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso para los Bienes y Servicios
12. Ley de Reforma de la Ley del Instituto Nacional de la Vivienda (Inavi)
13. Ley de Reestructuración del Instituto Nacional de la Vivienda (Inavi)
14. Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat
15. Reforma Parcial de la Ley del Seguro Social
16. Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social
17. Ley Orgánica de la Administración Pública
18. Ley Orgánica de Simplificación de Trámites Administrativos
19. Ley de Creación del Fondo Social para la Captación y Disposición de los Recursos Excedentarios de los Entes de la Administración Pública Nacional
20. Ley de Reforma de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público
21. Reforma Parcial de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República
22. Ley de Supresión y Liquidación del Fondo de Crédito Industrial (Foncrei)
23. Ley del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes)
24. Reforma Parcial a la Ley General de Bancos y Otras Instituciones
25. Ley para la Promoción y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria y Demás Unidades de Producción Social
26.  Ley para el Fomento y Desarrollo de la Economía Popular