Caracas es la ciudad donde resulta más barato viajar en vehículo particular que en autobús. Sin embargo, la inflación no se pierde de vista en ningún sector. Aún con el cobro a los usuarios de dos bolívares el pasaje, los costos de inversión no se recuperan

Andrea Montilla Kauefati / Correo del Ávila / redaccion@correodelavila.com

Llegó la hora, dicen. “¡Vamos a pararnos!, ¡vamos a pararnos!”, vocifera un representante del transporte superficial del país. Es 10 de febrero y en casi mes y medio se vence el plazo. Reunidos en asamblea en la sede de la Federación Nacional de Transporte (Fedetransporte), más de 150 voceros de las principales asociaciones y cooperativas de diecinueve estados establecen un punto: si el 24 de marzo, el Gobierno Nacional no les ha dado respuesta a sus peticiones, la protesta avivará las calles y las tarifas del servicio aumentarán, al menos la mitad.

Peticiones que reclaman en viva voz, en las cuales coinciden la mayoría presente: seguridad, aumento del pasaje y renovación de la flota existente. “Fontur no les va a dar más carros a los transportistas”, anuncia el presidente de Fedetransporte, Erick Zuleta. Tampoco habrá aumento de la tarifa, agrega. Al menos, no para este año, según le informó al vocero la gerente de transporte terrestre del Instituto Nacional de Transporte Terrestre, Felicia Granados, en una reunión reciente.

Luego, el silencio absoluto se apodera del recinto. Parece una información que se esperaba en un gremio que ha sido tildado de “desestabilizador”, debido a los frecuentes paros del servicio. Es un anuncio desfavorecedor para un sistema público que ya cuenta con numerosas deficiencias estructurales.

No habrá nuevas unidades
La ineficacia de este servicio la pagan tanto conductores como los propios usuarios. Estos últimos pierden hasta seis horas en el día metidos en el tráfico caraqueño, según estudios de la Sociedad Venezolana de Ingeniería de Transporte y Vialidad (Sotravial). El tiempo invertido les genera un gasto en promedio de entre 35 y 50 bolívares fuertes diarios.

Esta investigación indica que incluso cuando la mayoría de la población (80%) usa transporte público, y el resto vehículos particulares, son pocas las unidades masivas que existen en las vías, por lo que en su lugar prevalece el automóvil. Este moviliza por cada unidad tan sólo entre 1,2 y 1,5 personas.

Pero en Caracas, de los cuatro millones de personas que hacen vida en los 1.930 Km2, según la última encuesta de movilidad de Instituto Metropolitano de Transporte, 3.2 millones se mueven entre camioneticas por puesto, autobuses y jeeps. Para esta cantidad de habitantes, existen sólo 18 mil unidades de transporte público superficial. De esta cifra, hay 7% que está constituido por autobuses con alta capacidad, que pueden transportar más de 50 pasajeros.

María Briceño, usuaria del transporte público, vive en la avenida Páez de El Paraíso y tiene que tomar dos camionetas para llegar a su trabajo. Llega hasta la avenida Victoria y de ahí toma otro autobús hasta Baruta. Afirma que paga el doble de lo que le costaría ir a Las Mercedes sin hacer transbordo. Sin embargo, para ella lo más grave es que no consigue autobús oportunamente. Además, debe competir contra otros usuarios que también esperan para montarse en la unidad.

A esta escasez de unidades, que perjudica la calidad de vida de María, se suma el anuncio de Zuleta a los profesionales del volante: se acabaron los nuevos transportes de parte de Fontur, la institución estatal que otorga créditos para la renovación de unidades.

Según el presidente de Fedetransporte, ya los trámites eran lentos para sustituir una camioneta por otra nueva: Fontur entrega muy pocas unidades y además es “imposible” que un conductor pueda costear él solo un autobús Encava, que sale en 700 mil bolívares fuertes aproximadamente.

Pese a que según recomendaciones técnicas, después de diez años las unidades deben renovarse, en la capital aún transitan vehículos con una edad en promedio de entre 15 y 20 años. Circulan autobuses hasta con más de tres décadas, aún cuando la Ley de Tránsito Terrestre prohíbe que con tanto tiempo de antigüedad puedan seguir en la calle.

Declaraciones de voceros del sector parecen confirmar que el problema persistirá. Según Zuleta, el presidente de la Fontur, Alcibiades Molina, le manifestó que las nuevas unidades estarán dirigidas a los Consejos Comunales, argumentando que estas no son aptas para el transporte público.

Al respecto, Zuleta aclaró: “Les pueden dar a los Consejos Comunales, pero no de nuestros créditos (…) Fontur es de los trabajadores del transporte y no del gobierno ni de más nadie”.

Protestan por aumento de tarifas
Ante el dilema del ajuste tarifario -pues mientras los conductores quieren subir los pasajes, los usuarios rechazan esta medida-, existen discrepancias dentro del propio sector.

Desde Fedetransporte, amenazan con el cese del servicio para presionar al Gobierno Nacional, debido a que argumentan que está violando los artículos 143, 144 y 145 de la Ley de Tránsito Terrestre, que establece que en el primer trimestre de cada año se deben disponer los parámetros técnicos para los aumentos de tarifa. Según la directiva de esta institución, se le enviaron sendos oficios al Ministerio de Relaciones Interiores y al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, exigiendo el cumplimiento de estas normativas, pero no obtuvieron respuesta.

Por otro lado, el lunes 14 de febrero, integrantes de la Asamblea Socialista de Trabajadores del Transporte (ASNT) anunciaron una concentración el martes 15 de febrero para rechazar las amenazas de paro y protesta. Estos prevén entregar un documento en el Parlamento y plantear un debate de ideas para la próxima semana, con todas las federaciones del transporte, comunidades y estudiantes, con el fin de abordar el tema del ajuste de tarifas con propuestas de fondo, sobre cómo enfrentar los costos operativos y un financiamiento autogestionario.

Declaraciones de Zuleta advirtieron que Granados le dijo en reunión reciente: “no hay aumento de transporte para este año”.

Actualmente, el pasaje en las rutas urbanas cuesta dos bolívares. Pero Zuleta calcula que sólo para cubrir los gastos operativos, el precio tendría que ser de al menos ocho bolívares.
De acuerdo con los costos operativos, las tarifas tendría que ser ajustadas en 100%, afirman los transportistas. No obstante, estos saben que sería perjudicial para el usuario, por lo que advierten que deben evaluarse los porcentajes.

En Caracas, el pasaje de transporte público superficial es subsidiado desde principios de los años noventa. Con ello, se convierte en la tercera ciudad de Latinoamérica en la que el precio del pasaje tiene menos peso sobre el salario mínimo, según el informe de 2010 del Observatorio de Movilidad Urbana para América Latina.

Sin embargo, Caracas es la ciudad donde resulta más barato trasladarse en vehículos particulares que en transporte público: el precio de la gasolina está congelado desde hace más de una década. Pese a esto, la inflación hace mella. Incluso con el cobro a los usuarios, no se recuperan los gastos y la inversión en este servicio.

Miedo de subirse al autobús
La inseguridad sigue siendo el punto álgido en la agenda de este sector. Es un tema que afecta tanto a conductores como a usuarios, quienes son asaltados a diario dentro de las unidades.

Gene Belgrave -45 años- vive en El Hatillo y después de las nueve de la noche no puede salir ni llegar a su casa. Cuando oscurece y las calles están más solitarias, los transportistas no se atreven a prestar servicio. Belgrave afirma que en la zona sólo existe el sistema Metrobús y la línea sureste Hatillo-Baruta-El Silencio. Sin embargo, el primero deja de funcionar los fines de semana y el segundo se resguarda de la violencia a partir de las nueve.

De acuerdo con datos del Observatorio Venezolano de Violencia, 83% de los venezolanos teme ser víctima de un incidente violento en el transporte público. Es un asunto que está en deuda para ser resuelto. El 20 de marzo del año 2010, el presidente de la Central Única de Autos Libres y Por Puesto, José Luis Montoya, y demás transportistas de la capital, llevaron a cabo una protesta en contra de la inseguridad.

Montoya señala que debido a estas acciones, se tomaron represalias en su contra. “Caracas está adolorida. Fuimos amenazados, perseguidos. Llamaron diciéndonos que iban contra nuestras familias”.

El presidente del Comité de Usuarios del Transporte Público, Luis Salazar, calcula que al menos ocurren 20 asaltos diarios a las unidades, lo que equivaldría a aproximadamente 640 afectados, tomando en consideración que un transporte tiene, en promedio, 32 puestos.

Salazar lamenta que planes como “Ruta Segura”, en el que funcionarios de la Guardia Nacional se subían a los autobuses, no hayan disminuido los robos.

Mientras tanto, las exigencias continúan y las diatribas en cuanto a las acciones a tomar en contra de las medidas gubernamentales, se intensifican. La petición, unánimemente, es la unidad del sector. “Si nos dispersamos, nos van a colgar en plazas diferentes a todos”, advierte en la asamblea el presidente del Sindicato de Transporte del estado Táchira.